Cada enero se repite la misma escena en miles de hogares chilenos: la familia revisa los valores de matrícula y arancel del año que empieza y hace las cuentas de cuánto más va a costar ese semestre respecto al anterior. En 2026, esa conversación es más incómoda que en años recientes. Los aumentos son reales, documentados y en algunos casos significativamente por encima de la inflación.
El contexto importa para entender por qué. Las universidades que están adscritas al sistema de gratuidad enfrentan una tensión estructural que no es nueva pero que se ha agudizado: el Estado regula los aranceles que puede cobrar a los estudiantes con gratuidad, fijando un techo que en muchos casos no cubre los costos reales de formación. La diferencia la financian subiendo los aranceles de quienes no tienen gratuidad, lo que traslada la presión hacia las familias de clase media que ganan demasiado para el beneficio pero no lo suficiente para absorber alzas de varios puntos sobre el IPC sin que duela.
Cuánto subieron los aranceles y por qué
La Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles establece que las universidades adscritas a gratuidad pueden aplicar como reajuste mínimo el IPC del año anterior. En la práctica, la mayoría aplicó bastante más que eso.
El caso más documentado es el de la Pontificia Universidad Católica, que publicó sus ajustes con detalle inusual. Para estudiantes nuevos, el alza fue de IPC más un porcentaje variable entre 2,5% y 4,5% según la carrera. El resultado: alzas que oscilaron entre 3,89% y 8,11%, con un promedio de 6,45% entre 2025 y 2026. Las carreras que más subieron en la UC fueron Periodismo, Publicidad y Dirección Audiovisual, con un alza de 8,11% para llegar a $8.160.000 anuales; Psicología y Derecho, ambas con alzas cercanas al 8,1% y aranceles de $8.380.000; e Ingeniería Comercial, que llegó a $9.540.000 con un incremento de 8,07%.
La UC explicó sus alzas con tres argumentos concretos. Primero, que los aranceles regulados de la gratuidad no cubren los costos reales de formación, y que financiar a estudiantes con gratuidad más allá de la duración formal de la carrera le costará al menos $20.270 millones en 2026. Segundo, que la nueva ley de pensiones implica un aumento de aproximadamente $3.300 millones en sus costos laborales. Tercero, que hay compromisos de inversión en experiencia estudiantil que forman parte del plan estratégico institucional.
Las carreras que más suben: un patrón reconocible
Los aumentos más pronunciados no son aleatorios. Siguen una lógica que las propias universidades reconocen: las carreras con mayor costo real de formación, mayor empleabilidad y mayores ingresos futuros esperados son las que más suben.
Medicina y Odontología ya superaron los diez millones de pesos anuales en varias universidades. Ingeniería Civil también está en ese rango en las instituciones más costosas. Psicología, Derecho e Ingeniería Comercial consolidaron alzas significativas en prácticamente todas las casas de estudio donde se imparten.
En la Universidad del Desarrollo, los valores siguen expresados en UF, lo que añade una variable adicional de incertidumbre: el valor en pesos depende del momento en que se pague. Carreras como Ingeniería Comercial, Cine y Comunicación Audiovisual y Arquitectura rondan las 244-245 UF anuales, mientras Medicina supera ampliamente los diez millones de pesos al tipo de cambio actual de la UF.
Las que se mantienen más estables: pedagogías y algunas técnicas
No todo sube al mismo ritmo. Las carreras de pedagogía, que enfrentan problemas de matrícula en varias universidades por la baja demanda de los últimos años, tienen aumentos más moderados. Las carreras técnicas de menor duración también registran alzas más contenidas.
Las universidades estatales como la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago aplican reajustes más acotados, en parte porque su estructura de financiamiento público les da un margen de maniobra distinto al de las privadas. La Universidad de Chile fijó su Derecho Básico de Matrícula Anual en $217.600 para estudiantes nuevos en 2026, manteniendo una lógica de contención en los valores base.
El problema de fondo: la brecha entre arancel real y arancel regulado
Detrás de las cifras hay una discusión política y financiera que el sistema de educación superior chileno no ha resuelto. El arancel regulado que el Estado paga por los estudiantes con gratuidad es sistemáticamente inferior al arancel real que las universidades dicen necesitar para cubrir sus costos. Esa brecha la absorben de distintas maneras: recortando gastos, aumentando la carga docente o subiendo los aranceles de quienes no tienen gratuidad.
El resultado es una presión que recae desproporcionadamente sobre las familias del tramo medio. Quienes tienen gratuidad están protegidos de los aumentos en su costo directo de matrícula. Quienes no la tienen enfrentan un sistema donde las alzas anuales por encima del IPC son la norma y no la excepción.
Qué hacer frente a los nuevos valores
Para las familias que no acceden a gratuidad, el primer paso es revisar si califican para alguna de las becas ministeriales disponibles —Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación— cuya cobertura cubre el arancel de referencia, no el real, lo que en carreras de alto costo puede dejar una brecha significativa por financiar.
El Portal de Beneficios Estudiantiles del Ministerio de Educación publica los aranceles de referencia 2026 de todas las instituciones adscritas al sistema, lo que permite comparar cuánto cubre el beneficio estatal respecto al arancel real de cada carrera en cada universidad. Esa comparación, antes de elegir dónde estudiar, puede cambiar significativamente la ecuación financiera de los próximos años.
