Hace más de una década que Chile viene aplazando la conversación difícil sobre el agua. Cada año de lluvia normal genera la ilusión de que el problema se posterga; cada año seco lo trae de vuelta con mayor intensidad. En 2026, la Dirección General de Aguas tiene vigentes decretos de escasez hídrica en múltiples provincias, desde Chiloé hasta Arica, y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile advierte que la zona central enfrenta niveles de estrés hídrico que no tienen precedente en el registro histórico moderno.
La paradoja geográfica del agua en Chile
Chile es un país con agua, pero mal distribuida. La disponibilidad hídrica promedio del país alcanza los 680 km³ al año, una cifra que lo coloca entre las naciones con mayor dotación relativa. El problema es que el 75% de ese recurso se concentra entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, mientras la zona norte —de Valparaíso a Arica y Parinacota— tiene menos del 1% de la disponibilidad total. La zona central, que va aproximadamente desde O’Higgins hasta el Biobío, concentra solo el 8% del agua disponible del país pero es responsable del 80% de los usos totales del recurso, según datos del CR2 publicados en su informe a las Naciones Unidas.
Esa asimetría estructural existía antes de la megasequía. Lo que la megasequía hizo fue reducir aún más la oferta en la zona que más la necesita. La zona central de Chile no ha tenido un invierno lluvioso equivalente al promedio histórico desde 2006. Desde 2012, la mayor parte del territorio ha presentado escasez hídrica sostenida. El déficit de precipitaciones llegó al 76% en 2019 y al 66% en años más recientes.
Los decretos de escasez: un mapa de la crisis
La Dirección General de Aguas (DGA) administra los decretos de escasez hídrica, instrumentos que dan herramientas especiales para gestionar el recurso en zonas críticas. En 2026 hay decretos vigentes en la provincia de Chiloé (prorrogado hasta marzo de 2027), en la provincia de Choapa en la Región de Coquimbo, en la provincia de Limarí y en el sector del Lluta Bajo en Arica y Parinacota. La distribución geográfica de esos decretos ilustra que la crisis no es un problema exclusivo de la zona árida del norte: alcanza también zonas húmedas del sur y la región de los Lagos.
| Zona | Tipo de estrés hídrico | Principal uso afectado | Estado 2026 |
| Norte grande (Arica-Atacama) | Déficit estructural histórico | Minería y consumo humano | Decretos vigentes, desalinización en avance |
| Zona central (Valparaíso-O’Higgins) | Megasequía 15+ años | Agricultura de riego, agua potable rural | Alta vulnerabilidad, sin solución estructural |
| Biobío y Ñuble | Déficit creciente | Forestales, agrícola, comunidades rurales | Agravado por incendios 2026 |
| Los Lagos | Reducción de precipitaciones en zonas específicas | Ganadería, agua potable rural | Decreto vigente en Chiloé |
El modelo de gestión del agua: el debate que no se cierra
Chile tiene un sistema de derechos de agua transables que fue diseñado en los años 80 bajo una lógica de mercado. Ese modelo, regulado por el Código de Aguas, permite comprar y vender derechos de extracción como si fueran bienes privados. La reforma de 2022 introdujo ajustes importantes, incluyendo la priorización del consumo humano y el reconocimiento de caudales ecológicos mínimos, pero no cambió el paradigma de fondo. Expertos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del CR2 coinciden en que el sistema actual no está diseñado para gestionar la escasez: fue construido para administrar la abundancia.
Las soluciones que existen y las que no
La desalinización avanza, especialmente en el norte minero, donde el costo del agua justifica la inversión en plantas. El reúso de aguas tratadas tiene potencial pero escala muy lentamente. La tecnificación del riego agrícola —que concentra más del 70% del consumo de agua en Chile— podría liberar volúmenes significativos, pero requiere inversión y cambio cultural en sectores que han operado con agua barata durante décadas.
Lo que no existe todavía es un Plan Nacional del Agua con recursos, plazos y gobernanza claros. Chile tiene documentos de diagnóstico, informes técnicos y mesas de trabajo desde hace años. Lo que falta es la decisión política de asumir que el agua es un problema de seguridad nacional que requiere inversión pública de largo plazo, independiente del partido que esté en el gobierno. Esa conversación se ha postergado con cada ciclo electoral. El calendario del cambio climático no tiene la misma paciencia.
